Diputados: endeudados pidieron soluciones en el plenario de comisiones
Las comisiones de la Cámara de Diputados convocaron a especialistas y personas afectadas por el sobreendeudamiento familiar para avanzar en una propuesta que permita dar respuesta a quienes no pueden afrontar sus deudas.
Durante el nuevo plenario expusieron especialistas en la problemática y personas que debieron refinanciar sus deudas y aún no logran cancelarlas. El próximo martes, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor prevén emitir dictamen sobre un proyecto unificado.
Oriana Fernández del grupo de Endeudados cuestionó las tasas de interés aplicadas por algunas billeteras virtuales y planteó la necesidad de establecer regulaciones. “Si hoy en día hay billeteras virtuales cobrando el 1300% de interés de un préstamo que estás teniendo que pedir porque necesitas pedir algo, eso a nosotros no nos parece justo y queremos que eso se pueda regular”, afirmó.
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El gobierno nacional aseguró que las deudas son “un problema entre privados”, en cambio Fernández sostuvo que el problema debe ser reconocido como una situación que afecta a una parte importante de la población. “Lo que estamos pidiendo es justamente que esta problemática se trabaje y no se niegue”, señaló.
Por su parte, Vanesa Bitocco, también integrante del grupo Endeudados, cuestionó que el sobreendeudamiento sea considerado únicamente un problema entre particulares y reclamó la intervención de las autoridades para abordar las condiciones del mercado de crédito.
“Me llama mucho la atención que se siga insistiendo que esta problemática es una cuestión entre privados cuando hay más de 20 millones de personas en este país, con este problema, porque los sueldos siguen siendo muy bajos”, sostuvo.
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“Nos gustaría, en nombre de un montón de personas que están en esta situación, soluciones, que podamos ver el tema de las tasas que se desregularon y que por ende nos complicó la vida a todos los que tenemos que complementar nuestros ingresos mensuales con un crédito”, afirmó.
Reclamó que se establezcan mecanismos de financiamiento que contemplen la capacidad real de pago de los trabajadores.
